La creciente escasez de agentes en la Fiscalía impulsa un análisis para modificar una ley que otorga protección policial a exfuncionarios de alto nivel. La seguridad de exfuncionarios de alto nivel en la entidad está bajo revisión, debido a la preocupante escasez de personal en la Fiscalía estatal. Actualmente, entre 250 y 300 agentes se destinan a brindar escoltas a exfuncionarios, lo que representa un gasto mensual que oscila entre 5 y 8 millones de pesos, sin incluir costos adicionales como gasolina y mantenimiento. La ley que permite esta protección, diseñada en un contexto de alta violencia relacionada con cárteles de drogas, podría requerir modificaciones para adaptarse a las circunstancias actuales y optimizar recursos. Por otra parte, las autoridades de algunos municipios prefieren tomar precauciones ante la posibilidad de protestas, como fue el caso del alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, quien reforzó la seguridad en torno a su informe de gobierno, limitando el acceso al recinto y restringiendo la asistencia por parte de funcionarios estatales. La presencia de otros alcaldes y líderes políticos en el evento refleja la variada respuesta ante los desafíos de seguridad y organización institucional. En el ámbito universitario, el secretario general de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Óscar Vidal Gutiérrez, se convirtió en foco de atención tras una presentación cultural en la que el gobernador Samuel García expresó apoyo explícito, interpretándose como un “destape” político para la futura elección de rector. Este acto, acompañado de aspectos culturales y de promoción, refleja el carácter cada vez más público de las aspiraciones políticas dentro del entorno universitario. Estos hechos ilustran cómo las dinámicas de seguridad, política y organizes institucionales están en constante movimiento en la región, en un contexto de adaptación a las nuevas realidades sociales y administrativas.
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