San Juan, Puerto Rico. - La Cámara de Representantes aprobó este jueves la propuesta de la administración de Jenniffer González que califica los servicios religiosos como "esenciales", prohibiendo su cierre durante emergencias, epidemias o desastres naturales. La medida fue respaldada a pesar de las objeciones de los partidos Popular Democrático (PPD) e Independentista Puertorriqueño (PIP), quienes consideran que esta clasificación es discriminatoria y vulnera principios constitucionales.
Carlos “Johnny” Méndez, presidente de la Cámara, defendió el proyecto, argumentando que se amplía la protección de la libertad religiosa sin detrimento de otros derechos. La legislación, conocida como Proyecto de la Cámara 1385, se basa en un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que, a finales de 2020, determinó que las restricciones impuestas a las iglesias durante la pandemia violaban la Primera Enmienda de la Constitución.
El cierre temporal de las iglesias, impuesto en marzo de 2020, generó tensiones entre líderes religiosos y el gobierno. Algunos de estos líderes describieron luego como “irrespetuoso” el catalogar a las iglesias como focos de infección. Adriana Gutiérrez, representante del PIP, consideró la nueva legislación como inconstitucional, argumentando que debería prevalecer la evidencia científica sobre la libertad religiosa en situaciones de crisis.
“Durante una emergencia sanitaria, las decisiones deben responder a la evidencia científica y a las circunstancias concretas”, afirmó Gutiérrez. La representante sostuvo que la declaración de los servicios religiosos como esenciales discrimina en comparación con otras organizaciones comunitarias que no cuentan con afiliación religiosa.
El proyecto aclara que los “servicios religiosos” implican reuniones o asambleas organizadas por entidades religiosas para la adoración y otros rituales. Además, destaca la función de las iglesias como redes de apoyo durante emergencias al ofrecer asistencia social y distribución de alimentos, aunque sujeta a requisitos de salud del gobierno.
La debate continúa en la Asamblea, con voces que advierten sobre la posible violación de la separación de Iglesia y Estado.
Con información de elnuevodia.com