Una red de organizaciones como "Los 300" y el Sindicato 25 de marzo se camufla bajo la fachada sindical para controlar actividades ilegales y mantener el poder en el Estado de México y la Ciudad de México. En el territorio mexicano, existen organizaciones que se presentan formalmente como sindicatos pero en realidad operan como cárteles del crimen organizado. Estos grupos emplean la fachada sindical para fortalecer su influencia en actividades ilícitas como extorsión, narcotráfico y control de servicios públicos, aprovechando la percepción social de protección y apoyo que ofrecen. Una de las estructuras más conocidas es la denominada "Unión 300", que bajo apariencia de sindicato de transportistas involucra en sus operaciones tráfico de drogas, armas y otros delitos graves en zonas como Ecatepec y Iztapalapa. Sus líderes, como Luis Alfaro Espinoza y sus colaboradores, mantienen alianzas con bandas mayores, incluyendo la organización criminal Unión Tepito, y utilizan mecanismos de extorsión contra comerciantes, taxistas y operadores de transporte para fortalecer sus finanzas ilícitas. Por otro lado, el Sindicato 25 de marzo, liderado presuntamente por Guillermo Fragoso Báez, ha sido señalado por las autoridades como una red delictiva que exige cuotas económicas mediante amenazas y violencia. Este sindicato también tiene vínculos con "Los 300" y otras agrupaciones, formando alianzas que le permiten expandir sus operaciones en el Estado de México y en diversas alcaldías de la Ciudad de México, disimulando sus actividades tras la figura de organizaciones civiles o legales. Estas organizaciones han logrado infiltrarse en servicios esenciales como el agua, el transporte y la seguridad, haciendo desaparecer la línea entre sindicato y crimen. Su estrategia incluye disfrazar acciones ilegales con documentos y logotipos de sindicatos supuestamente oficiales, facilitando así la impunidad y dificultando la intervención policial. En recientes operativos, las fuerzas de seguridad
