La imposición fiscal sin regulación clara en México impulsa la ilegalidad y desvía la atención de políticas efectivas para la seguridad digital y la educación. La tendencia reciente de gravar los videojuegos con impuestos adicionales en México refleja una lógica simplista que puede tener consecuencias contraproducentes. En un entorno digital donde la oferta de contenido es global y accesible, incrementar los precios no detiene a los jóvenes con interés genuino, sino que los conduce hacia formas de consumo ilícito. La piratería y las descargas ilegales, incluyendo archivos modificados y sitios no seguros, aumentan el riesgo de exposición a malware, fraudes y robo de datos, vulnerando además la seguridad digital. Por otro lado, la falta de un sistema regulatorio formal para clasificar y evaluar los contenidos digitales deja abiertas las puertas a una narrativa moralista que culpa a los videojuegos por problemas sociales, en lugar de enfocarse en estrategias educativas y de acompañamiento familiar. La inexistencia en México de mecanismos como el ESRB o PEGI genera un vacío que perpetúa mitos en torno a la influencia de los videojuegos, relegando la discusión a medidas recaudatorias disfrazadas de protección ciudadana. Estos enfoques fallidos revelan una desconexión con la realidad: el Estado no brinda una educación digital integral ni políticas efectivas contra el cibercrimen. En cambio, las acciones restrictivas solo alimentan la desconfianza y fortalecen mercados ilícitos. La medida también se vuelve una estrategia política que no aborda los problemas estructurales, sino que busca aparentar acción, dejando intactos los desafíos sociales y tecnológicos. El impacto de estos impuestos podría ser que el mercado negro se expanda aún más, con riesgos graves para los consumidores y para la seguridad digital nacional. La verdadera solución requiere de políticas públicas integrales, educación en habilidades digitales, y una regulación clara que proteja a los usuarios sin crim
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