La modificación en las decisiones judiciales de la Suprema Corte genera controversia al afectar fondos destinados a apoyo y reparación para víctimas, poniendo en duda la estabilidad de derechos establecidos. La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha provocado un intenso debate en el ámbito jurídico y de derechos humanos, al reabrir interpretaciones sobre el principio de “cosa juzgada”. Este principio, fundamental para garantizar la seguridad jurídica, establece que una vez que un asunto ha sido resuelto con sentencia firme, no debe volver a ser reconsiderado. Sin embargo, la Corte ha modificado esta protección al analizar cuestiones relacionadas con recursos públicos destinados a la atención de víctimas, en decisiones que algunos expertos califican como un retroceso. Originalmente, en 2013, se aprobó la Ley General de Víctimas, que estableció un fondo para apoyar a quienes sufrieron daños, con una asignación mínima garantizada en el presupuesto nacional. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, se buscaron reducir o extinguir estos fondos, incluyendo reformas en 2020, lo que motivó a organizaciones defensoras de derechos humanos a promover acciones legales. En 2024, la Primera Sala de la Corte anuló esas reformas, reestableciendo la protección presupuestaria, pero en noviembre del mismo año la totalidad del Pleno revirtió esa resolución, permitiendo así un mayor cuestionamiento sobre los recursos destinados a las víctimas. Este cambio no solo afecta los fondos económicos, sino que también tiene implicaciones directas en la atención y reparación de daños, ya que los recursos son necesarios para dar continuidad a investigaciones, apoyar a familiares y ofrecer atención médica y psicológica. La comunidad de defensores señala que la decisión puede provocar un debilitamiento en la protección efectiva de derechos fundamentales, generando una mayor incertidumbre en las víctimas y sus familias. La Corte, al reabrir estos temas, abr
Miércoles, 13 de mayo de 2026
