Expertos y autoridades analizan cómo mejorar la accesibilidad, ubicación y financiamiento en la producción de viviendas para reducir desigualdades. El acceso a suelo bien situado continúa siendo uno de los principales obstáculos para la construcción de viviendas sociales asequibles en México. La dificultad de obtener terrenos a bajos costos en zonas con conectividad y servicios básicos lleva a que los desarrollos se ubiquen en periferias alejadas, generando desconexión y abandono. Ante esta situación, el gobierno busca incentivar la participación de desarrolladores privados, promoviendo una mayor disponibilidad de oferta en áreas urbanas estratégicas, pero sin un marco claro de ordenamiento territorial, estos esfuerzos podrían favorecer proyectos en lugares menos accesibles. Por otro lado, la estrategia de ampliar el acceso al crédito requiere equilibrar la flexibilidad con la estabilidad financiera de las instituciones. La intención de facilitar créditos a sectores históricamente excluidos con reglas más sencillas podría aumentar la morosidad si no se gestionan adecuadamente los riesgos. Además, la participación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en la construcción y adquisición de viviendas añade una capa de complejidad, pues el éxito dependerá de mantener los costos de producción en niveles accesibles para garantizar la rentabilidad y sostenibilidad del programa. El tiempo político también representa un desafío, pues la rápida meta de construir 1.8 millones de viviendas en seis años contrasta con los largos procesos de urbanización y desarrollo de infraestructura necesarios en nuevas zonas. Para garantizar resultados sostenibles, se propone priorizar la mejora de barrios existentes, reconociendo al menos 800,000 viviendas abandonadas o informales que pueden ser rehabilitadas con inversión en servicios y seguridad. La colaboración entre los sectores público y privado, centrada en la densificación inteligente y el apro
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