Las autoridades aclaran que, aunque Uber obtuvo una suspensión judicial, no puede ingresar ni ofrecer servicios en zonas aeroportuarias, reafirmando su rechazo a su presencia en dichos espacios. En un contexto de crecientes tensiones entre el gremio de taxistas y plataformas de transporte como Uber, las autoridades mexicanas han reiterado que la firma no cuenta con permisos para operar dentro de los aeropuertos nacionales. Aunque un fallo judicial otorgó a Uber una suspensión definitiva que impide a la Guardia Nacional detener a sus conductores y vehículos, dicha resolución no autoriza a la compañía ingresar a las zonas federales de los terminales aeroportuarios. La regulación vigente establece que la infraestructura aeroportuaria solo puede ser utilizada por servicios autorizados por las autoridades federales del transporte, y Uber aún no cumple con estos requisitos. La empresa también ha sido señalada por ofrecer un servicio que no está formalmente autorizado dentro de las instalaciones aeroportuarias, lo que violaría leyes de tránsito y transporte. La polémica refleja las persistentes diferencias regulatorias y de competencia en el sector de movilidad en México. La posición oficial afirma que cualquier ingreso de vehículos de Uber en aeropuertos mexicanos sería ilegal y susceptible de sanciones, resaltando la necesidad de respetar las normativas en vigor y garantizando la protección del sector formal de transporte.
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