Ciudad de México, CDMX. - La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos no necesariamente deben ser motivo de investigación por parte de la Fiscalía General de la República en relación con la gestión de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. En su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó que lo que plantea la OFAC no equivale a pruebas de delitos penales.
El debate surgió tras las revelaciones sobre los vínculos del exesposo de Ávila Olmeda con una presunta red de narcocorrupción y su relación con el Cártel de Sinaloa. Frente a esto, la administración estatal aclaró que la gobernadora está legalmente divorciada y que no forma parte de los sancionados. También se informó que se revisarán los contratos de las empresas implicadas con el gobierno de Baja California.
Sheinbaum hizo hincapié en que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado irregularidades en cuentas de individuos, pero enfatizó que esto no implica automáticamente la existencia de un vínculo delictivo. “Se encuentran irregularidades en las cuentas, pero eso no significa que tengan algún vínculo con un grupo delictivo”, afirmó, aclarando que las investigaciones pueden no derivar en denuncias penales.
La mandataria abordó el procedimiento de congelamiento de cuentas que puede realizar la autoridad fiscal cuando detecta movimientos inusuales. Este mecanismo permite que las personas afectadas aclaren su situación financiera sin que necesariamente se inicien procesos judiciales.
Sheinbaum también comentó que algunas de las personas a las que se les congelaron cuentas tienen investigaciones abiertas en la Fiscalía, aunque no todas están vinculadas a las sanciones internacionales. Las próximas acciones dependerán de la UIF y su evaluación de cada caso para determinar si se requiere una denuncia formal.
Con información de zetatijuana.com