Washington D.C. - La administración del expresidente Donald Trump ha solicitado a la Corte Suprema que permita la reanudación de deportaciones de inmigrantes a países distintos a sus naciones de origen. Esta medida enfrenta nuevas limitaciones judiciales respecto a las garantías necesarias para aquellos que podrían ser enviados a lugares donde podrían sufrir persecuciones o torturas.
El Departamento de Justicia presentó una apelación de emergencia tras una resolución del Primer Circuito que bloquea las expulsiones rápidas hacia terceros países. El procurador general D. John Sauer argumentó que estas restricciones están afectando los acuerdos diplomáticos de Estados Unidos con naciones dispuestas a aceptar a personas no gubernamentales. Según Sauer, ya se han cancelado cerca de 220 deportaciones, y otras decenas se encuentran en riesgo.
El fiscal general Todd Blanche anunció en redes sociales que el Departamento de Justicia acudiría al Supremo después de que un tribunal de apelaciones confirmara la decisión bloqueando las deportaciones rápidas. Horas después, realizaron formalmente la petición de emergencia.
La disputa gira en torno a las garantías que deben recibir los inmigrantes antes de ser deportados a un país que no es el suyo. La política de deportaciones a terceros países es un componente clave de la estrategia de Trump, quien busca expulsar a personas cuyos países no las aceptan debido a situaciones de protección. Sin embargo, defensores de inmigrantes argumentan que cada individuo merece la oportunidad de explicar sus temores de ser enviado a un determinado país.
Una resolución judicial reciente determina que los inmigrantes deben recibir tiempo suficiente para plantear sus objeciones, en contraste con el plazo de un día que utiliza el actual gobierno. Hasta la fecha, se estima que más de 25,000 inmigrantes han sido enviados a terceros países desde la implementación de esta política.
Con información de laopinion.com